Han pasado ya nueve meses desde un fallo del Tribunal Constitucional anulase varios artículos de la ley que regula las plusvalías (Sentencia 59/2017, de 11 de mayo de 2017). En él se instó al Gobierno a reformar la norma que regula el impuesto.

Transcurrido todo este tiempo, la modificación legal ni siquiera ha empezado a tramitarse. Esto está ocasionando interpretaciones diversas por parte de los tribunales.

¿En qué consiste?

El IVTNU, conocido como plusvalía municipal, grava la revalorización de los terrenos urbanos al ser vendidos o transmitidos. Aun así, en la práctica se abona en casi todos los casos.

Se calcula que con este impuesto el Estado ha recaudado 8.762 millones de euros en cuatro años.

Resoluciones dispares

Como decimos, hasta la fecha, los fallos han sido dispares. Los Tribunales Superiores de Justicia de Aragón y la Comunidad Valenciana han exigido que el contribuyente aporte un informe pericial para acreditar que no se ha incrementado el valor de las propiedades.

Por su parte, varios jueces de Tarragona, Cartagena y Pamplona han sostenido que debe ser el ayuntamiento el que pruebe la revalorización.

Una tercera corriente de sentencias, en juzgados de Zaragoza y Madrid, mantiene, en cambio, que no cabe hacer ningún tipo de valoración. Argumentan que la plusvalía, en base a los artículos anulados por el Tribunal Constitucional, es inválida sin necesidad de más disquisiciones. La razón es que se basa en preceptos “expulsados del ordenamiento jurídico”.

Estos últimos casos sientan un precedente importante, por lo que desde VIRGINIA PEÑA ADVOCATS recomendamos proceder con la reclamación en caso de que tu ayuntamiento te haya cargado este impuesto.