El código penal, en sus artículos 270 y 271, establece penas a quien “reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente” obras o contenido con derechos de autor. Lo cierto es que ambos artículos hacen hincapié en el hecho de hacerlo “públicamente” y con el “ánimo de obtener beneficio económico”. Esto hace muy difícil probar la infracción en caso de consumo privado.

De hecho, sólo se ha dado un sólo caso en España. Ocurrió el pasado mes de enero, después de que la empresa propietaria de los derechos de la película ‘Dallas Buyers Club’ demandase masivamente a cientos de usuarios que la descargaron de manera ilegal. Todas las demandas cayeron en saco roto, salvo una. Un único usuario fue condenado a pagar una multa de 150€ (los demandantes pedían 475€).

¡Cuidado si viajas!
Así pues, en base a la legislación española, nos encontramos bastante lejos de un escenario en el que se pueda multar de manera sistemática a usuarios por descargar contenidos pirata. No ocurre lo mismo en otros lugares, por ejemplo en Alemania.

Allí las compañías pueden solicitar al proveedor del servidor información de los usuarios que acceden a los sitios ilegales. En primer lugar envían una carta de aviso. Después, amparados por la ley germana, solicitan cantidades de hasta 1.500€ a cambio de no ir a juicio.

En todo caso, se recomienda no firmar esta carta, ya que puede ser considerada como aceptación de culpabilidad.

En EE.UU. también se han dado casos, algunos extremos (multas millonarias a usuarios por descarga de canciones), y es habitual que ciertas operadoras multen con hasta 300$ a clientes que descarguen contenido ilegal.