Los matrimonios de conveniencia son un fenómeno relativamente reciente –prácticamente desconocido hace 15 o 20 años-, que, como hecho fraudulento, va acompañado de sanción si así lo dictamina una sentencia. Se popularizaron a principios de siglo como una herramienta rápida de obtener la nacionalidad española a cambio de una compensación económica.

A medida que se viralizaba su popularidad, las leyes trataron de adaptarse. El resultado fue un endurecimiento de los requisitos para considerar la efectividad del matrimonio, pasando de permitir la no convivencia de los cónyuges (Ley 51/1982) a regular específicamente este tipo de uniones (Instrucción de 9 de enero de 1995 sobre el Expediente Previo al Matrimonio e Instrucción de 31 de enero de 2006 sobre los matrimonios de complacencia) y su consecuente modificación del Código Civil.

Ilícito civil, y no penal

Es necesario especificar que, de ser probado, el matrimonio de conveniencia acarrea un castigo administrativo, pero nunca puede conllevar una sentencia de prisión. De hecho, el Tribunal Supremo lo recordó hace apenas un año, cuando revocó una sentencia de dos años y medio de prisión a una pareja por formalizar un matrimonio de conveniencia.

Razones para la condena

Las sentencias a lo largo de los años han argüido varias razones para anular este tipo de uniones. La Audiencia Provincial de Palencia expuso en 2002 “el escaso tiempo de relaciones prematrimoniales o de noviazgo, la diferencia de edad (…) y el muy escaso tiempo de convivencia matrimonial” como razones para la condena.

“La relación matrimonial existente (…)  con otra persona en Marruecos”, o que “los contrayentes no se conocieran hasta dos días antes de la celebración de la boda” son también argumentos señalados por las Audiencias Provinciales de Álava y Murcia, en 2005 y 2006, respectivamente.