La semana pasada se conoció una sentencia relevante que sienta un precedente más en litigios hipotecarios. Nos referimos a la condena a una entidad bancaria a abonar los gastos de notario, asesoría, tasación y registro. El texto defiende que no corresponde cargar estos costes al solicitante del crédito.

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria arguye, en relación a los gastos del Registro de la Propiedad, que “la hipoteca se inscribe a favor del banco, por lo que es éste el que debe afrontar los gastos del registro”. Una decisión que considera “suficientemente” avalada por las sentencias del Tribunal Supremo.

Asimismo, en relación al gasto por acudir al notario, indica que habitualmente el documento notarial se redacta conforme a la minuta proporcionada por la entidad, siendo esta además “la interesada” en que se firme la garantía hipotecaria.

De manera similar, resuelve asignar también al banco los costes de asesoría y de tasación.

Ciertas concesiones al banco

El juez da no obstante la razón a la entidad en dos aspectos. Por un lado, la sentencia dictamina que el timbre debe ser abonado a partes iguales; por otro, que el solicitante del préstamo debe hacerse cargo de los impuestos pertinentes, así como cualquier gasto derivado de una cancelación de una hipoteca anterior sobre esa finca, si así correspondiese.